La Ley de Telecomunicaciones y las Radios Comunitarias

Radio comunitaria
EL PUNTO SOBRE LA I

Tomado del periódico: La Razón Digital (24 de julio 2011)

Aún polémico, se abre un nuevo orden de la radio y la televisión en Bolivia Debate sobre la Nueva Ley de Telecomunicaciones

El viernes 22 de julio, la Cámara de Diputados finalmente aprobó en detalle el proyecto de la Ley de Telecomunicaciones. Los asambleístas de la mayoría oficialista introdujeron una nueva distribución de las frecuencias de radio y televisión: un tercio para el Estado, un tercio para los privados- comerciales y un tercio para radios comunitarias e indígenas

Iván Bustillos Zamorano es periodista

A través de la futura Ley de Telecomunicaciones, y ciertamente presionados por instituciones y organizaciones sociales, los asambleístas del Movimiento Al Socialismo (MAS) están a punto de inaugurar una verdadera revuelta en el orden técnico y legal de la radio y la televisión en Bolivia. Lo tuvieron que hacer incluso contra el propio Gobierno.

Desde que el Órgano Ejecutivo, a principios de mayo, enviara a la Asamblea Legislativa el proyecto de ley 0474/2011-2012 Ley General de Telecomunicaciones (así es su código), el documento sufrió en pocos cambios a manos de los asambleístas: aprobado en grande y en detalle por la Cámara de Diputados, el proyecto fue modificado “hasta en un 50%, eso dice la diputada por el MAS Marianela Paco.

Cierto o no, con todo, el cambio que verdaderamente remover el piso de la radio y la televisión en el país es el referido a la distribución de las frecuencias, al práctico nuevo orden que habrá en el espectro radioeléctrico boliviano.

Mientras el proyecto original enviado por el Órgano Ejecutivo señalaba un 80% de las frecuencias para el sector privado y 20% para los medios gubernamentales, el texto aprobado en Diputados el viernes 22 finalmente dispone: 33% para el Estado, 33% para la radio y televisión comercial, 17% para el sector “social comunitario El 17% para los pueblos indígena originario campesinos

Nacionalización La nueva Ley de Telecomunicaciones que se gesta en la Asamblea se inscribe en la corriente nacionalizadora del actual régimen, señala el presidente de la Cámara de Diputados, Héctor Arce. En una intervención, en una sesión, luego de hacer un recuento de la nacionalización de los hidrocarburos y de otras empresas, el diputado concluyó que “en esa lógica, el proyecto de ley por supuesto que tiene que tener esas características.

Pero la futura ley también es un acto de justicia, de reconocimiento y reivindicación de una masiva comunicación popular antes relegada, como decía la diputada Paco en la plenaria del jueves 21. “Con este proyecto de ley estamos haciendo justicia en la comunicación y la información en el país. Para los asambleístas opositores, en cambio, la nueva distribución de frecuencias en los hechos dará pie a un mayor control, por parte del Estado, de todo el espectro radioeléctrico nacional, además que desincentivará la inversión privada en el sector.

“El Estado primero quería controlar sólo el 20%, pero las organizaciones sociales han demandado una mayor apertura. El Gobierno ha aprovechado esta posibilidad para ampliar el espectro que va estar bajo su control le dice a su rival Político el diputado de Convergencia Nacional Juan Luis Gantier.

Frecuencias: La Asociación Mundial de Radios Comunitarias (Amarc, Bolivia), a través de su representante Ana Limachi, celebra la nueva distribución frente a la primera propuesta —de 80% para lo comercial y 20% para el Estado, Amarc propuso una “distribución equitativa 40% para las comerciales y 40% para las radios comunitarias.

“Creo que nuestro pedido ha sido escuchado, en la reunión (con los diputados) dividimos así como está ahora la distribución: 33% para el Estado, 33% para lo comercial, 34 % para lo comunitario e indígena originario, es decir, a 17% (cada uno). Con esta distribución estamos muy de acuerdo” explica.

El sector radial-empresarial, en cambio, representado por la Asociación Boliviana de Radiodifusoras (Asbora), lamenta la nueva distribución de frecuencias como una manera de menoscabar la libertad de expresión y de pensamiento. Por un lado, señala el presidente de Asbora, Raúl Novillo Alarcón, en la práctica se instituye un 67% de las frecuencias proclive al Estado y las organizaciones sociales. Esto, por otro lado, acabará restringiendo la posibilidad de elección del oyente mismo; al segmentar a los productores, se pretende segmentar al público, limitando su libre preferencia, considera el dirigente.

Sectores. Para la nueva distribución de frecuencias, los diputados parten de un supuesto falso, señala Novillo: hay pocas radios en el país. “Aseveran que en las ciudades capitales hay sólo cinco o seis radios; desconociendo la realidad y la historia de las radios, el hecho de que en cada capital por lo menos hay 45 radios en frecuencia modulada; aunque es cierto que hay sólo ocho o nueve.

“Para las más de 680 estaciones de radio existentes hoy, bajo la nueva ley el futuro es incierto y atemorizante, porque quiere decir que muchas van a ser clausuradas o cerradas o no les van a renovar sus licencias” afirma Novillo.

Por su parte, el presidente de la Comisión de Planificación, Política Económica y Finanzas de la Cámara de Diputados (responsable de los cambios del proyecto de ley), Marcelo Elio, dice que el Estado tendrá un tercio de las frecuencias básicamente porque el aparato estatal “ha crecido.

No se trata sólo de radio Patria Nueva y Canal 7, insiste, sino, por ejemplo, de todo el sistema universitario y de todas las radioemisoras y canales de televisión que quieran crear las nueve gobernaciones y los 337 gobiernos municipales del país.

Por el lado de las radios comunitarias, Carlos Soria Galvarro, director de radio Sur Agricultura de Mecapaca, recuerda que este “tercer sector de los medios de comunicación radiales tiene vigencia desde hace varios años y fue reconocido mediante decretos de por lo menos tres gobiernos (Carlos Mesa, Eduardo Rodríguez y el propio Evo Morales). Por eso su reclamo contra el proyecto original de la ley, que prácticamente no lo tomaba en cuenta. Se trata de medios de propiedad social y de emprendimientos privados que básicamente se definen “sin fines de lucro y en estrecha relación con la comunidad. Una vez que el proyecto de Ley de Telecomunicaciones les toma en cuenta, Soria señala la urgente necesidad de que la nueva norma defina claramente cuáles son radios social comunitarias, cuáles “comerciales y cuáles estrictamente indígenas.

Licencias. Un tema especialmente sensible en el proyecto de Ley de Telecomunicaciones es la duración de la licencia de funcionamiento de los operadores. Mientras en el proyecto original se señalaba que la licencia ahora iba a ser de 10 años, la cual podría renovarse “por una sola vez por otros 10 años, al final del viernes 22, en la revisión en detalle, se quedó en 15 años; así una licencia podrá ser conservada hasta 30 años. Bajo la actual legislación, el periodo básico de licencia es de 20 años, pudiendo renovársela las veces que se solicite.

Aquí la preocupación de Asbora es la renovación “por una sola vez” En medios de comunicación, dice Novillo, la inversión debe ser planteada a 10, 15 o más años, hasta hacer sostenible a la empresa, de modo que el ponerle un término, un periodo de vida finito al medio, lo que provocará es el desincentivo a los emprendimientos. Éste es un aspecto que aún espera la organización enmendar en el trámite inmediato de la ley en la Cámara de Senadores.

Novillo informa que la mayoría de las radiodifusoras del país concluye con su licencia el año 2017, y una de las mayores dudas es la forma en que ahora se deberán adecuar a las nuevas condiciones técnicas y legales de concesión de la frecuencia.

Al respecto, la diputada por Convergencia Nacional (CN) Norma Piérola explica que éste es un aspecto que aún debe ser aclarado en la nueva ley, en la que se debe destacar que quien ya firmó un contrato (la licencia de la frecuencia) antes que cambie la norma, en lo posterior debe conservar todos sus derechos adquiridos para mantener el plazo de licencia ya concedido.

Diferencias. Un aspecto relevante en la concesión de la licencia es el referido a la diferencia que habrá entre los medios del Estado, los comerciales, los social-comunitarios y los de los pueblos indígena originarios.

En los artículos 11 y 12 del proyecto de ley, cuando se habla de la distribución de frecuencias para radiodifusión, se señala que a los medios estatales la asignación será “de forma directa” a los medios comerciales, la licencia se les será otorgada mediante licitación pública; y a los medios social comunitarios se les asignará la concesión “mediante concurso de proyectos los cuales serán calificados “mediante indicadores objetivos, como hace notar Soria, para los “pueblos indígenas” no se prescribe ninguna forma de asignación de frecuencia.

La tenue frontera entre lo comercial y lo comunitario.

El proyecto de ley también pone en debate la definición y naturaleza jurídica y práctica de lo que son los medios propiamente comerciales y aquellos social comunitarios, especialmente en lo relativo a las formas de financiamiento que tienen ambas.

Si bien el proyecto cuenta con un artículo de Definiciones (6), allí no se hace mención a estos tres tipos de radios y televisoras, comercial, social-comunitario y de pueblo indígena.

Por un lado, el directivo de Asbora Raúl Novillo señala que un medio de comunicación grande o pequeño, comercial o comunitario, igual debe actuar en el mercado comunicacional y debe vender espacios, conseguir publicidad y otras actividades lucrativas, sin que haya de este modo ninguna diferencia entre ambas.

Por otro, el vicepresidente de la Asociación de Radios Comunitarias de Bolivia (APRAC), Eduardo Mamani, enfatiza que las radios comunitarias sobre todo son aquellas de servicio a la comunidad, cuyos dueños por lo común son personas o grupos que forman parte de las comunidades especialmente rurales o campesinas.

En cuanto a la forma de financiamiento, Mamani informa que los ingresos de los medios comunitarios se deben a: el servicio de avisos para las comunidades, algunas formas de aporte de la población (como el pago en especie, un tanto de papa u otro producto por algún servicio), el haber conseguido el apoyo de alguna institución para la difusión de contenidos educativos, en salud, género, entre otros.

Mamani admite, sin embargo, que algunas veces también se acude a vender espacios de publicidad, especialmente para sectores comerciales de las grandes ciudades. Uno de los ingresos que buscan es contar con mayor publicidad estatal.

El rol de la Autoridad de Telecomunicaciones

Uno de los mayores cuestionamientos que se hace al proyecto de ley aprobado en detalle este viernes 22 es el rol que tendrán en el nuevo sistema la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Telecomunicaciones y Transporte (ATT).

Este punto también fue polémico y no se llegó a ninguna modificación, insisten los diputados de oposición Juan Luis Gantier y Norma Piérola. Para ambos asambleístas, en el proyecto de ley se conserva un fallo de origen: que la ATT es juez y parte en el sistema de eventuales sanciones y recursos de apelación que hagan las operadoras a propósito de algún conflicto.

“En primera instancia resuelve la ATT, y ya el recurso jerárquico lo resuelve el Ministerio de Obras Públicas. En el artículo 7 del proyecto, de “Definición de competencias y atribuciones de los niveles de gobierno” se establecen como funciones de la ATT:

  • Fijar el régimen general de las tarifas y precios, para los servicios de telefonía fija, móvil, larga distancia, telecomunicaciones y tecnología de información provistas en todo el territorio nacional.
  • Regular, controlar, supervisar y fiscalizar la correcta prestación de los servicios y actividades por parte de los operadores o proveedores de telecomunicaciones.
  • Otorgar, modificar y renovar las autorizaciones y disponer la caducidad o revocatoria de las mismas.
  • Conocer y resolver en primera instancia los recursos de revocatoria que le sean presentados por la vía administrativa.
  • Intervenir a operadores o proveedores y entidades bajo su atribución fiscalizadora y designar a los interventores con facultades administrativas.
  • Realizar auditorías técnicas del espectro radioeléctrico y de las entidades de certificación a nivel nacional.
  • Elevar al Ministerio de Obras Públicas, Servicios y Vivienda informes sobre el desarrollo de los servicios.

Medios del Estado, no del gobierno de turno

Para los diputados de oposición, la nueva Ley de Telecomunicaciones era el escenario más oportuno para tratar la naturaleza, fines y reglamentación de los medios de comunicación del Estado.

Una vez que, con la nueva distribución de las frecuencias, se abre la posibilidad de que un tercio del espectro pueda ser ocupado por emisoras del Estado central, departamental, regional y municipal (que surjan al menos nueve radios departamentales y hasta 337 municipales), en la nueva ley no se menciona nada acerca de cómo se podrá garantizar que el medio no se reduzca a ser un simple portavoz del gobierno de turno, reclama el diputado Juan Luis Gantier.

Esta falta de mayor control a los medios estatales se extiende incluso a la asignación de frecuencias. En el artículo 11 del proyecto se afirma que “las frecuencias destinadas al Estado serán definidas por el Órgano Ejecutivo del nivel central.

Por esta vía, insiste Gantier, se consolida, también aquí un mecanismo centralista: a las autonomías departamentales y municipales sólo se les asigna el rol de control con respecto al uso de las frecuencias. De hecho, los municipios, principalmente, se ocuparán de autorizar los predios e infraestructura de los medios, señala el diputado.

Hace falta un reglamento, señala el diputado Gantier, “que permita que las concesiones y licencias que se hagan, puedan reglamentarse sobre todo en la exigencia de requisitos. Recuerda que los medios estatales, sean nacionales, departamentales y municipales, en lo básico pertenecen a la ciudadanía, a través del pago de sus impuestos.

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